Uno de los instrumentos que, sin duda, contribuyen de forma notoria a la mejora de la calidad de vida de las personas con TMG es el sistema de la tutela, enmarcado en un programa más amplio dirigido a la rehabilitación e integración comunitaria de estas personas.

En general las personas que sufren trastornos mentales graves y persistentes (TMGP), presentan diversos déficit que, en interacción con diferentes factores y barreras sociales, dan lugar a que estén en riesgo de desventaja social y marginalidad.

El sistema de protección legal de personas incapaces, recogido en nuestro derecho, establece como prioridad la rehabilitación jurídica, personal y social de la persona. Esta meta podrá alcanzarse a través de medidas y programas específicos de apoyo social, soporte comunitario y apoyo a la integración social. El tutor tiene la obligación de procurar que el enfermo se mantenga en la comunidad en las mejores condiciones de vida posibles, ayudándole a conseguir una razonable autonomía.

El papel de las Instituciones Tutelares Privadas, en relación con las personas con TMGP y sometidas a procesos judiciales de incapacitación, se está manifestando en nuestro sistema social como una figura de gran importancia, adquiriendo cotas de intervención cada vez más significativas, tanto por su número, como por la calidad y especificidad de su intervención.